Condicionamientos del Fondo Monetario Internacional al marco jurídico Y su incidencia en las políticas públicas: salud y educación, durante el periodo presidencial 2002-2006 (página 2)

Con ello se logró tener mayor acceso a la Cooperación Financiera de la Comunidad Internacional. Del cumplimiento satisfactorio de los acuerdos antes mencionados dependía la elegibilidad de Nicaragua, para la Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados en el año 2000. De ello dependería también, la negociación para una significativa condonación de la Deuda Externa En este periodo los máximos logros y las metas impuestas girarían en torno al cumplimiento de los acuerdos pactados con el FMI, tomando como meta la elegibilidad de Nicaragua para la HIPC.

Estos son algunos de los aspectos que ejemplifican la dirección que las políticas y órganos del gobierno tomaron en busca del cumplimiento de los acuerdos contraídos con el Fondo Monetario Internacional.

Para la justificación de la presente tesis monográfica, es preciso señalar que en el período de la Administración del Ing. Enrique Bolaños Geyer, la influencia del Fondo Monetario Internacional cobró mayor auge manifestándose como la principal característica de sus políticas neoliberales. Es por ello, que este período presidencial se convierte en el paradigma del Neo-liberalismo en Nicaragua.

Ante esto, nos hemos planteado ahondar en los condicionamientos que el FMI impuso, durante el periodo de gobierno del ex presidente Enrique Bolaños Geyer, 2002-2006 y como estos incidieron en el sector social.

En reiteradas ocasiones el ex presidente de la República, manifestó que entre los objetivos principales de su gobierno figuraba mantener elevado el índice de la cooperación externa, ya que se trazó como una de las metas principales: lograr mantener por encima de los US$ 450 millones, los niveles de cooperación externa entre donaciones y préstamos; ello nos permitió evidenciar la incondicionalidad de éste gobierno con los Organismos Internacionales Financieros, especialmente con el FMI.

La siguiente investigación pretende mediante el análisis del marco jurídico, información del FMI y como un elemento esencial, las criticas de los conocedores nacionales de la materia, abordar un análisis de los condicionamientos de este organismo de asistencia ejerció y sigue ejerciendo en nuestro país.

Hemos de considerar este estudio como un ejercicio en el proceso de reflexión con relación al Marco Jurídico que sustenta las Políticas Públicas (salud y educación), y como éste, se ve afectado y alterado ante las exigencias de los organismos internacionales que no precisamente están pensando en el bienestar de nuestra sociedad.

Partiendo de lo anterior, nos hemos planteado los siguientes objetivos generales:

• Determinar los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional al Marco Jurídico.

• Analizar la incidencia de los condicionamientos del FMI en las Políticas Públicas: salud y educación.

Haciendo énfasis en los siguientes objetivos específicos:

• Identificar los condicionamientos del FMI para permitir acceso a los programas de asistencia.

• Inquirir en el Marco Jurídico que sustentó la aplicación de las Políticas Públicas.

• Conocer las consecuencias de políticas "recomendadas" por el FMI en el sector social (salud y educación).

Es imprescindible mencionar que hemos tomado como guía las siguientes preguntas directrices, las cuales nos han permitido no desviarnos de los objetivos de la investigación:

• ¿El proceso de toma de decisiones, para la elaboración del Marco Jurídico, durante el período de gobierno del Ingeniero Enrique Bolaños Geyer, estuvo condicionado por los lineamientos del Fondo Monetario Internacional?.

• ¿Las políticas sociales de Nicaragua en este período reflejaron las Políticas que se aplicaron a la sombra de los parámetros dictados por el FMI?.

Según los parámetros del diseño metodológico, la investigación que emprendimos esta fundamentada en una investigación teórica orientada, y consideramos cabe dentro del rango descriptiva por que se dirige a producir conocimientos muy generales y está dirigida a determinar "cómo está" el fenómeno en estudio, en este caso el fenómeno son los condicionamientos dictados por el Fondo Monetario Internacional para la elaboración del Marco Jurídico nicaragüense y su incidencia en las Políticas Públicas: salud y educación.

Dado que los condicionamientos que ejerce el FMI, en la economía de nuestro país no es un fenómeno reciente, nuestra investigación es de Corte Transversal, ya que el período de estudio no abarca en su totalidad el fenómeno, sino únicamente una pequeña parte del proceso. Del mismo modo se califica como un estudio retrospectivo, ya que se ubica en un período presidencial pasado 2002-2006.

La información que sustenta nuestro trabajo puede catalogarse como mixta, ya que utilizamos diferentes fuentes de información por mencionar estas:

Fuentes primarias: Valiéndonos de los instrumentos de validación hemos seleccionado: entrevistas abiertas, por considerarlo el instrumento más eficaz para la recolección de la información, dada la naturaleza y orientación del estudio. Los entrevistados corresponden a:

• Sr. Adolfo Acevedo Volf. Economista.

• Sr. Maria Rosa Renzi. Asesora economía del PNUD y Representante de UNIFEN-Nicaragua.

• Entrevista anónima.

Fuentes Secundarias: Revisión de diversa literatura publicada por el Fondo Monetario Internacional y el gobierno. También, artículos periodísticos, obras y/o investigaciones previas vinculadas al tema.

Para tratar de explicar o brindar un enfoque sobre la temática abordada, es necesario determinar que sé entenderá, para efectos de la presente investigación por condicionamiento, marco jurídico y políticas públicas. Ante tanto, hemos seleccionado algunas de estas diferentes definiciones para elaborar el marco teórico que sustenta nuestro trabajo investigativo.

Por lo antes expuesto, entiéndase condicionamiento1 como: limitación, restricción; es decir hacer depender una cosa de alguna condición.

Por la misma causa entiéndase la palabra marco2: como los limites en que se encuadra un problema y, el término jurídico3: que atañe al derecho o se justifica a el, en tal sentido, para efecto de este trabajo se entenderá por marco jurídico como el conjunto de normas, leyes, reglamentos, ordenanzas que regulan una materia específica.

Aplicando los conceptos anteriores a las políticas ejecutadas por el Fondo Monetario Internacional las condiciones jurídicamente vinculantes durante este periodo en análisis llegaron a significar la posible suspensión del financiamiento, las cuales se abordarán en este estudio.

Otro concepto importante a mencionar, es el de Políticas Públicas, al rededor del cual existen un sinnúmero de definiciones, cada una tiene su validez y esencia, las cuales pueden ser observadas desde diferentes ángulos o enfoques, que no sólo se basan desde una perspectiva política sino también entrañan el aspecto social.

Las Políticas Públicas se visibilizan como un conjunto de prácticas y normas que emanan de uno o varios actores públicos, se presentan como un programa de acción gubernamental, estás deben reflejar la actividad de la autoridad gubernamental, tal como menciona Lola Ocon Núñez, se deben identificar dos facetas: una de gestión interna y la otra gestión de las Políticas Públicas.

La primera, es la movilización de los recursos que hace la autoridad para producir resultados concretos; ésta se legitima por la persecución de finalidades externas ya que provocan efectos o impactos que alteran la sociedad; la segunda encubre una teoría de cambio social es decir relación causa-efecto en las disposiciones que fundamentan la acción pública, desde esta perspectiva el contenido de las políticas debe ser visto desde dos ángulos, el de los objetivos y el de las realizaciones.

Las Políticas Públicas son el resultado de la actividad de una autoridad investida de poder, y de legitimidad gubernamental, sin embargo con el desarrollo de la democracia y la participación ciudadana el ámbito que abarcan las Políticas Públicas se ha ampliado y se ha fortalecido. Abarcando específicamente un análisis económico, planes de desarrollo tanto rurales como urbanos, los presupuestos anuales de los Estados y de las administraciones autonómicas y municipales.

… "Una Política Pública corresponde a cursos de acción y flujos de información relacionados con un objetivo público definido en forma democrática; los que son desarrollados por el sector público y, frecuentemente, con la participación de la comunidad y el sector privado4".

Es importante, considerar a las Políticas Públicas como un sistema de acción pública y partiendo de esta visión se deben tomar en cuenta: el sistema de actores, donde el actor central es la autoridad gubernamental, pero no es el único, ya que se mueve en interdependencia con otros, el siguiente concepto es el de la actividad, donde ésta forma la base empírica de la observación, sin embargo se debe prestar atención a los actos y comportamientos que se puedan describir aunque también existen actividades invisibles cargadas de sentido; finalmente el proceso que puede descomponerse en una secuencia de actividades por lo cual se obtiene como resultado cinco fases principales5:

1. Identificación de problemas.

2. Formulación de soluciones.

3. La toma de decisión o adopción: negociación y definición.

4. La implementación.

5. El seguimiento y la evaluación y los resultados.

Al respecto podemos aportar que en nuestro país, de estas cinco fases propuestas, se prioriza la elaboración de la Política Pública, dejando por un lado la implantación efectiva, inclusive podemos aseverar que dentro del mismo proceso de elaboración se descuida la investigación para la identificación del problema.

Es por ello que se elaboran Políticas Públicas que aparentemente pretenden dan solución a problemas determinados según sea el caso, pero durante su aplicación pueden demostrar ser ineficientes o poco aplicables al no aportar soluciones eficaces a los problemas e incluso, en ocasiones denotan que no están dentro del contexto del mismo, por que las Políticas Públicas no son ideas ajenas que se puedan imitar, máxime si éstas están influenciadas por factores exógenos.

Como se sugiere en el párrafo anterior la Política Pública, se elabora desde la visión de un sistema de acción social donde se deben tomar en cuenta los actores, la actividad y la reacción de éstos, ya que esto evidencia las necesidades del mismo, como un medio de adaptación social. "El mínimo de una Política Pública es que sea un flujo de información, en relación a un objetivo público desarrollado por el sector público y consistente en orientaciones6".

Otros autores como Easton7, nos propone una visión más política, enfocada en la idea Eastoniana de Sistema Político, es decir, analizar, entender, tratar de comprender mejor a la Política en general mediante una visión sistémica.

Todo esto con el objeto de poder dar una mejor explicación y matización a la idea de las Políticas Públicas como productos del Sistema Político, por tanto para él, las Políticas Públicas son producto del sistema político, inmerso de manera a priori.

No debemos olvidar que el éxito de cualquier Política Pública pasa porque la misma sea aceptada, porque sea considerada como propia por la sociedad a la que esta destinada, es en este sentido, que se hace una critica al Fondo Monetario Internacional, ya que no pueden elaborarse soluciones únicas para toda una región, pues cada país presenta dificultades económicas, sociales, culturales y políticas diferentes, y aunque sus problemas sean aparentemente similares tienen particularidades, y son precisamente éstas, los indicadores de que hay que elaborar soluciones aptas a cada problema, es decir políticas que respondan a circunstancias en particular para que estas gocen de la aceptación de la sociedad que las recibe, por que esta supuesto que para ellas fueron elaboradas.

El estudio de las Políticas Públicas como bien plantea Pallares, debe plantarse bajo tres cuestiones: "Qué políticas desarrolla el Estado en los diferentes ámbitos de su actividad, cómo se elaboran y desarrollan y cómo se evalúan y cambian". En ese sentido, estudiar las Políticas Públicas representa como lo señalan Y. Dror (1971) y T. Dye (1976), en tratar de "analizar Qué hacen los gobiernos, Cómo y Por qué lo hacen y Qué Efecto produce".

Desde esa perspectiva el Estado y el sistema político tienen especial relevancia, pues se evidenciará el grado de madures de éstos, vinculando de manera efectiva el quehacer social con lo político, y no limitarse a una coyuntura político partidaria, sino en el bien de la mayoría, es decir, llevar a la práctica una serie de Políticas Públicas en la que se busque el mayor alcance y beneficio de la mayoría.

Capitulo I.

Elementos filosóficos subyacentes en la actuación del FMI en Nicaragua.

1.2 Políticas y estrategias económicas internacionales clásicas en el caso del FMI.

1.1.1 Consenso de Washington (1989).

Debido a la crisis económica que se experimentó en la década de los 80, se llevó a cabo a una conferencia a la cual asistieron representantes de 10 naciones latinoamericanas para que estos detallaran lo que estaba sucediendo en sus respectivos países; basado en esto John Williamson8 redactó diez reformas de política económica, en 1989 a las que llamó el Consenso de Washington.

Algunos denominan el documento, de carácter económico, como la "Agenda de Washington", otros como la "Convergencia de Washington" y unos cuantos lo denominan la "Agenda Neoliberal", sin embargo cualesquiera que sean sus denominaciones este instrumento, contiene las políticas económicas que Washington implementó a fin de controlar la economía mundial y sanear la crisis de la deuda a la que se enfrentaban los países latinoamericanos.

No debemos obviar que muchos países pasaban por regímenes de transición política por mencionar algunos: Nicaragua, Chile, El Salvador. Teniendo así presente que, "la nueva idea más importante de la economía del desarrollo en los años noventa fue el reconocimiento de la función crucial de las instituciones para permitir que una economía funcione con eficacia9".

Según Oscar René Vargas: "El Consenso de Washington es la aplicación de los diez instrumentos de política económica neoliberal para llevar adelante el objetivo de un sistema capitalista mundial basado en la libertad del mercado para operar, donde predominan los más «aptos» en una especie de «darwinismo social», donde la vida se concibe gobernada por las leyes de la competencia y del conflicto, llevando a una selección natural de la supervivencia del más apto y a la eliminación del más débil10".

El documento hace referencia a reformas económicas, identificadas con el neoliberalismo, las que según Washington eran necesarias para emprender el desarrollo en América Latina, las cuales habían sido adoptadas por la presión de Washington y no por el propio interés nacional.

Para nosotros los principales pilares del Consenso de Washington, sin restar valor a los otros puntos, son: la austeridad fiscal, las privatizaciones y la liberalización de los mercados, los cuales parecen no haber sido las mejores recetas para América Latina.

Williamson (2003) justifica, el no éxito de estos puntos bajo el postulado de que en la liberalización del comercio se centró la atención exclusivamente en las importaciones sin brindar suficiente atención a mejorar el acceso al mercado de exportación.

En lo que respecta a las privatizaciones de empresas, su justificación radica en que frecuentemente las empresas privatizadas no se vendían en un mercado competitivo ni estaban apropiadamente reguladas; por tanto para él, la solución a éstos postulados es remediar las omisiones.

Más allá de lo superficial y convencional que puede resultar la enumeración de un conjunto de propuestas como el llamado "Consenso de Washington", lo importante aquí es, destacar que dichos postulados expresaban y expresan cabalmente una creencia generalizada de sectores influyentes, tanto en Washington como en América Latina, sobre la posibilidad de implementar en un corto plazo políticas de mercado sin el respaldo (ético e institucional) de un conjunto de reglas que consolidasen las reformas a través de la creciente vigencia del Estado de Derecho. Las ¨famosas¨ recetas económicas se aplican como un programa para todos los países, indistintamente en cualquier época y contexto, aún a sabiendas de que fueron creadas para las circunstancias de la América Latina de 1989.

El Consenso no era una receta, ni un conjunto de mejores prácticas, mucho menos una estrategia congruente. Era simplemente —como lo ha señalado el autor de la frase (Williamson 2000) — una lista que representaba en su momento el mínimo común denominador de las políticas consideradas como recomendables en América Latina.

Es en este sentido, que John Williamson en un libro, compilatorio titulado: Latin American Adjustment, publicado en 1990, recoge una síntesis del pensamiento neoliberal de los noventa, bajo la expresión del Consenso de Washington. Este documento se enfatiza en que son tres los elementos centrales del consenso:

• El diagnóstico de la crisis de los países latinoamericanos: citando la obra de Williamson, para este elemento las causas que los neoliberales encontraron fueron esencialmente dos: el excesivo crecimiento del Estado, del proteccionismo, de la regulación y del peso de las empresas públicas, numerosas e ineficientes, fue la primera razón, y la segunda, es el llamado populismo económico11, el cual consistía en la aparente incapacidad de los gobiernos para controlar tanto el déficit público como las demandas de aumentos salariales del sector público y del sector privado.

• Las recomendaciones de políticas económicas a aplicar a corto plazo: estaban destinadas a combatir el populismo económico y alcanzar el equilibrio fiscal y la estabilización. Las cuales consistían en:

a) una auténtica disciplina fiscal que permitiese reducir el déficit público; b) un cambio en las prioridades del gasto público, eliminando los subsidios y redirigiendo parte de esos recursos hacia la educación y la sanidad; c) una reforma tributaria basada en aumentos de los impuestos, sobre una base amplia y con tipos marginales moderados; d) la determinación por el mercado de los tipos de interés, de forma que éstos fuesen positivos; e) y la determinación, también por el mercado, del tipo de cambio, de forma que éste fuese competitivo.

• Las políticas de reforma, o de ajuste estructural, pretendían generar un modelo de desarrollo orientado hacia el mercado y se basaban en la reducción del Estado, la liberalización del comercio internacional y la promoción de las exportaciones. En este campo las recomendaciones fueron:

a) la liberación del comercio y su orientación hacia el exterior, eliminando cualquier tipo de barrera arancelaria y no arancelaria; b) la atracción de inversiones extranjeras, eliminando cualquier tipo de restricción; c) la privatización de las empresas públicas; d) la desregulación de las actividades económicas; e) y la firme garantía del derecho de propiedad.

Como es de esperarse, en torno a éste documento (Consenso de Washington) se ha generado un sinnúmero de criticas de economistas y conocedores, al punto de generar un movimiento, el altermundista12, el cual argumenta que los países del primer mundo imponen las políticas neoliberales del Consenso de Washington, a los países de economías, mediante organizaciones financieras internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, además ejercen presión política y extorsión.

Desde nuestra perspectiva el Consenso de Washington no ha producido ninguna expansión económica significativa en Latinoamérica, y en cambio ha generado crisis económicas severas y aumento en la deuda externa, de los países que pertenecen al mundo subdesarrollado13, así por ejemplo: la privatización de las industrias de Estado, la reforma fiscal y la desregulación, son mecanismos que se emplearon y siguen empleándose, para asegurar el desarrollo de un pequeño grupo elitista en los países subdesarrollados, los cuales acceden al poder político y mantienen las políticas económicas que los privilegian, que no representan avances en la lucha contra la pobreza, ni desarrollo14 en nuestros países.

1.1.2 Los diez puntos del Consenso de Washington.

El FMI, con sus convenios de corto plazo y los servicios de ajuste estructural, y Banco Mundial, con sus programas, se convierten en los líderes promotores de la «globalización» e internacionalización capitalista, sobre todo, desde 1985, cuando los Estados, comenzaron a ser presionados por el gobierno estadounidense bajo el llamado Consenso de Washington.

Si de algo debemos estar claros referente al Consenso de Washington, es que aun sigue vigente, y hasta el momento el documento como tal no ha sufrido modificación alguna, pero si ha evolucionado y la perdida de vigencia a significado transformaciones, además hemos visto un cambio parcial de los Organismos Internacionales Financieros en relación a su forma de aplicación y con ello han surgido propuestas "nuevas" de cómo se debe abordar dicho Consenso.

Hoy es evidente para algunos analistas15 que el "Consenso de Washington" era una agenda incompleta. Incluso sus defensores reconocen que no se tomó en cuenta el papel de las instituciones en el desarrollo económico y que se tendió a minimizar el de la política social además Stiglitz manifiesta, que el fallo principal no fue comprender las estructuras económicas en desarrollo ya que el Consenso se concentró en objetivos demasiados estrechos y en un conjunto de instrumentos demasiados limitados.

Es importante mencionar que las políticas en este Consenso limitan la capacidad de los gobiernos y cometen el error de aplicar una misma regla para todos los países, cuando estas deben corresponder y ser adecuadas a los diferentes contextos y a crear instituciones en cada Estado que intervenga de manera efectiva. Este reconocimiento ha dado origen a diversas propuestas que reclaman una "segunda generación" de reformas estructurales.

Al respecto Adolfo Acevedo sostiene "Posteriormente, Josept Stiglitz, que fue economista, jefe del BM hizo un análisis crítico de este enfoque y demostró que este en gran parte era un enfoque que no tenia base en el análisis económico o en la ciencia económica, sino que más bien tenia un fuerte acervo ideológico y además le imponía a los países una serie de recetas al margen de cuales fueran las condiciones particulares de cada país16…" Entonces, el Consenso de Washington debe concebirse como una prescripción política, sustentada en un modelo ideológico que, condicionado históricamente, y en función de intereses, posturas ideológicas y relaciones de poder, ofrece énfasis a ciertos factores y fenómenos económicos para dejar en la oscuridad a otros.

Si se tienen en cuenta el contexto histórico en que surgió el Consenso, su manera de implementación, las respuestas que ha ofrecido el Consenso a su evidente fracaso y los límites que posee la nueva ortodoxia del Posconsenso, que inspirada en los principios básicos originales del decálogo inicial, se erige como una perspectiva más poderosa y pretenciosa dados los aportes que le brinda el neoinstitucionalismo17 y la teoría del capital humano y social18.

Sin embargo, es cuestionable la coherencia lógica y la convergencia intelectual que supuestamente representó el Consenso. Por ejemplo, Richard E. Feinberg insiste en que no es posible hablar de "Consenso" en el sentido pleno del término: es más adecuado referirse al decálogo en términos de "convergencia" alrededor de ciertos elementos generales deseables, pues son evidentes los desacuerdos y matices que emergen alrededor de temas más específicos relacionados con: el papel del Estado, la importancia y erradicación del déficit fiscal, los mecanismos para impulsar el ahorro y la inversión, las prioridades del gasto público, la relación entre política impositiva, equidad y eficiencia, el volumen adecuado de deuda, las causas y significado de la fuga de capitales, la relación entre las tasas de cambio competitivas y la inflación, la rapidez de la liberalización comercial, las fuentes del desarrollo económico, la lucha contra la pobreza y la protección del medio ambiente.

No obstante, Stanley Fisher afirma que, la divergencia alrededor de los elementos fundamentales del modelo de desarrollo era mínima, pues era evidente que el modelo de desarrollo se fundamenta en una economía orientada hacia el mercado y la integración mundial.

El interés por favorecer la inversión privada, dejar de lado cualquier modelo de desarrollo sustentado en el Estado y en el fortalecimiento de los mercados domésticos, el énfasis en la disciplina fiscal y las relaciones de condicionamiento que se presentan, constituyen el contexto específico en que las ideas económicas que maduraban desde tiempo atrás tuvieron la posibilidad de materializarse en prescripciones claras de política, destinadas a cambiar la realidad social del momento mediante el énfasis en algunas prioridades y el lanzamiento a la oscuridad de otras (como los problemas de distribución del ingreso).

Dada la enorme incidencia que ha tenido la liberalización e internacionalización de los mercados sobre el pobre desarrollo económico de los países subdesarrollados, en este sentido, Davidson propone un nuevo sistema basado en las siguientes reglas:

(1) Prevenir una falta de demanda efectiva global debida a que uno o varios países mantengan reservas ociosas excesivas o drenen reservas del sistema.

(2) Establecer un mecanismo automático que imponga una mayor carga de ajustes de pagos a los países superavitarios.

(3) Dar a cada país la capacidad de supervisar y, si lo desea, controlar los movimientos de capital golondrina.

(4) Ampliar el volumen de activos líquidos redimibles internacionalmente como garantías de la capacidad global.

En consecuencia al contexto en que se desarrolló la economía mundial, Williamson, en su escrito: Reseña sobre el Consenso de Washington señala "que no es que las teorías que sustentan el Consenso de Washington sean erróneas, sino que han habido errores y omisiones en el momento de la aplicación de cada uno de los puntos del Consenso".

Después de casi dos décadas, la aplicación del denominado Consenso de Washington no ha podido superar los graves problemas económicos y sociales de América Latina. En muchos países los pobres sobrepasan el 50% de la población y los indigentes el 20%.

Los diez puntos que a continuación detallaremos han sido duramente criticados durante los últimos años, conocidos popularmente como la receta de los diez puntos de Washington para lograr estabilizar la economía. Según Williamson (su creador) dicho Consenso se resume en el siguiente decálogo:

1. Disciplina fiscal.

2. Reordenación de las prioridades del Gasto Público.

3. Reforma Tributaria.

4. Liberalización de las Tazas de Interés.

5. Tipo de Cambio Competitivo.

6. Liberalización del Comercio.

7. Liberalización de la Inversión Extranjera Directa (IED).

8. Privatización.

9. Desregularización.

10. Derechos de Propiedad.

En lo subsiguiente abordaremos la implementación de los puntos que constituyen el Consenso, tomando en cuenta las diferentes posiciones y/o análisis que al respecto se han realizado, los cuales dejarán entre ver las muchas interpretaciones, que como antes mencionamos, sobre éste tema se han manifestado.

1. Disciplina fiscal:

La dirección que Williamson, su creador, pretendía dar a este punto, parte del "contexto de una región en la que casi todos los países habían acumulado grandes déficit que condujeron a crisis en la balanza de pagos y estaban experimentando inflaciones elevadas que afectaban principalmente a los pobres, porque los ricos podían colocar su dinero en el extranjero".

Sin embargo, el equilibrio fiscal nunca ha sido alcanzado (ni aún en los países desarrollados); está basado en la disminución del gasto público, fundamentalmente en los sectores sociales; ha causado un profundísimo y dramático deterioro en los sistemas de salud, educación, seguridad social, etcétera. (Oscar, René Vargas, 2002).

2. Reordenación de las prioridades del Gasto Público.

En este parámetro se sugería redistribuir el gasto en beneficio del crecimiento y los pobres, por ejemplo, desde subsidios no justificados hacia la atención sanitaria básica, la educación y la infraestructura. Por el contrario, en la práctica la redistribución del gasto público esta orientada a sanear las deudas externas de los países, lejos de buscar beneficios para los sectores sociales, los que se ven más afectados, por que en los presupuestos nacionales las cantidades más bajas son asignadas a este sector, ya que hay que reducir ciertos gastos para poder asumir el compromiso internacional "pago de la deuda interna y externa".

3. Reforma Tributaria.

La finalidad de ésta era que el sistema tributario combinara una base tributaria amplia con tasas marginales moderadas. Según los críticos del neoliberalismo, esto significa aumento de ingreso vía impuesto para paliar el déficit fiscal, por tanto se sostiene que los que tienen más recursos pagan menos impuestos y los que tienen menos recursos pagan más impuestos.

4. Liberalización de las Tazas de Interés.

Existen dos principios generales referentes a los niveles de las tasas de interés que concitan el apoyo mayoritario del Consenso de Washington. El primero es que las tasas de interés deben ser determinadas por el mercado. El segundo principio apunta a la necesidad de tasas de interés real positivas, para incentivar el ahorro, por un lado y desalentar la fuga de capitales, por el otro. (Oscar, René Vargas 2002).

En alusión a ello, Williamson, sugiere que hubiera preferido formularlo más ampliamente como liberalización financiera, señalando que diferían las opiniones sobre el ritmo de implementación, y reconociendo la importancia de acompañar la liberalización financiera con una supervisión prudencial.

5. Tipo de Cambio Competitivo.

Esto permitiría asegurar un régimen intermedio; de hecho, Washington ya se había empezado a inclinar por la doctrina que sostiene que un país debe optar por un tipo de cambio totalmente fijo o dejarlo flotar "limpiamente". Como en el caso de las tasas de interés, la tendencia es inclinarse por tipos de cambio determinados por las fuerzas del mercado. Se considera que el tipo de cambio real debe ser lo suficientemente competitivo como para promover el crecimiento de las exportaciones a la tasa máxima que el potencial del lado de la oferta del país lo permita, al mismo tiempo que se mantenga un eventual déficit de cuenta corriente a un nivel sustentable.

6. Liberalización del Comercio.

La liberalización de las importaciones constituye un elemento esencial en una política económica orientada hacia el sector externo. Por ello, la apertura económica trajo como consecuencia la irrupción indiscriminada de importaciones, en gran medida innecesarias o con precios subsidiados, que produjo la quiebra y el cierre de gran parte del aparato productivo y el incremento acelerado de la desocupación y la subocupación.

Para que esta liberalización se dé, de forma positiva no debe limitarse únicamente a la importación sino también a la exportación y darle la atención que merece en lograr y mejorar accesos a mercados externos, en caso contrario tenemos el fenómeno que hoy vive la región Centroamericana y América Latina en general, ya que nos vemos invadidos de productos extranjeros y enormemente limitados en la exportación de los nuestros. Por tanto hace falta atención al papel que pueden cumplir las intervenciones de política en el sector productivo para inducir la inversión y acelerar el crecimiento.

7. Liberalización de la Inversión Extranjera Directa (IED).

Si bien es cierto que la IED, no es considerada de alta prioridad en comparación a la liberalización del mercado, tomar medidas contra la misma es considerado una insensatez, razón por la cual en nuestro país las transnacionales gozan de grandes beneficios y es del conocimiento público que tales beneficios sobrepasan el bienestar humano, hay menores posibilidades de esperar un trato equitativo entre productores nacionales y empresas extranjeras. Lo que implica una desaceleración para la economía nacional.

8. Privatización.

Williamson, considera que solo esta área, que se originó como una idea neoliberal, logró ganar amplia aceptación. Desde entonces se nos hizo cobrar conciencia de lo mucho que importa cómo se hace una privatización: puede ser un proceso sumamente corrupto que transfiere activos a una élite privilegiada por una fracción de su valor real, pero si se realiza como es debido, es beneficioso (en especial en lo atinente a la mejora del servicio), y la empresa privatizada vende en un mercado competitivo o se regula apropiadamente.

Todo ello, obedece a la creencia de que la industria privada se administra más eficientemente que la empresa estatal, además se considera una fuente de ingresos para el Estado y que el Estado se libera de ésta responsabilidad, anulando por tanto el bienestar social a que por derecho está comprometido.

Sin embargo, hemos de mencionar que muchas veces las privatizaciones de la empresas suponen toda una gama de beneficios cuando se venden en un mercado competitivo que les obliga a mejorar los servicios sin olvidar que éstas deben estar debidamente reguladas para evitar los excesos generadores de corrupción, esto sugiere que la mala experiencia que en Nicaragua se ha vivido con la privatización de las empresas, responde a que se han omitido las dos condiciones, entre tantas, que anteriormente mencionadas.

9. Desregularización.

Este proceso fue iniciado en los Estados Unidos por la administración Carter, pero fue profundizado durante el mandato de Reagan. Es básicamente una forma de promover la competencia.

También suele ser discriminatoria en contra de los pequeños y medianos empresarios y productores, los cuales, a pesar de que son importantes fuentes creadoras de empleo, raras veces tienen acceso a las esferas más altas de las burocracias. Además está considerada como una fuente de corrupción, ya que en el caso de América Latina son manejadas por la burocracia mal pagada, la convierte en alto potencial para la corrupción.

10. Derechos de Propiedad.

Se trata principalmente de proporcionar al sector informal la capacidad de obtener derechos de propiedad a un costo aceptable, sin embargo desde 1945 en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre se establece que tenemos derecho a una vivienda, sin embargo en los últimos años esto se ha convertido en una mercancía, lo cual hace pensar que adquirir un espacio para habitar se ha convertido mas en un lujo que en un derecho.

No es extraño observar a pobladores que toman terrenos a la fuerza u otros que construyen asentamientos en los lugares inapropiados y en condiciones inadecuadas.

Capitulo II.

Mecanismos que concretan la incidencia del FMI en Nicaragua.

2.1 FMI: Ejecutor del Consenso de Washington.

El Consenso de Washington proporcionó la estrategia económica: apertura y liberalización de mercados, disminución de la intervención del Estado y establecimiento de instituciones económicas que refuercen la participación predominante de la actividad privada. Implicó también, la promoción de la Inversión Extranjera Directa en el convencimiento de que los escasos recursos nacionales requerían de apoyo externo.

Todo pasó a ser implementado desde el Fondo Monetario Internacional a través de lo que se conoce como "reformas", la prioridad que el FMI ha otorgado a éstos puntos, se tradujo específicamente en privatización de los servicios públicos, lo que trajo consigo disminución en la calidad de los servicios así también altos costes por la obtención de los mismos, todo lo contrario a lo que de ésta política se esperaba.

La liberalización de los mercados significó para América Latina y particularmente para Nicaragua una disminución en los ingresos por producción, ya se priorizó la importación y no el afianzamiento en el mercado extranjero, cabe mencionar que este fenómeno se produjo, debido a que los grandes países importadores aplican políticas restrictivas que limitan la exportación de los productos para nuestro país, sin embargo favorecen la exportación de los propios; consideramos que lo que mencionamos anteriormente es en parte, consecuencia de que el papel del Estado como ente regulador ha sido reducido a su mínima expresión, y en el afán de que el Estado se deslinde de las responsabilidades ocurre todo lo contrario, un grave deterioro en la economía nacional.

En relación a las acciones del Fondo Monetario Internacional en América Latina (reformas) Gemma Cairó i Céspedes (2003) considera, que los aspectos como la cuestionada efectividad de las reformas, la discutida condicionalidad e injerencia del Fondo en asuntos de política económica nacional, la escasa transparencia y democracia que caracteriza el funcionamiento de tales instituciones, la débil capacidad para regular de forma efectiva el caos ordenado que parece caracterizar la dinámica económica global, entre muchos otros, han empezado a hacer mella a lo largo de la última década en estos organismos. Respecto a lo que Gemma Cairó i Céspedes menciona, hemos de sostener que es de conocimiento público y también es del conocimiento de estas instituciones razón por la cual se han visto obligadas a permitir la incorporación de objetivos de reducción de la pobreza en el diseño de los planes de ajustes estructurales.

La asignación de votos en relación directamente proporcional a las cuotas que cada país aporta al Fondo, le configura como institución alejada de lo que sería una práctica democrática y la fuerte centralización que caracteriza al FMI limita su capacidad para actuar más estrechamente con actores locales, motivo por el que se ha llamado a la necesaria "descentralización" de la institución con el objetivo de caminar hacia una mayor colaboración y consenso en el diseño e implementación de las distintas actuaciones (Taylor, 1997: 152).

"Aunque se trata de un organismo esencial y formalmente consultivo, en la práctica, el FMI se las arregla para imponer sus decisiones desiguales a cualquier país, sea o no firmante, ya que, según lo establecido, los votos están tan concentrados que las recomendaciones llegan a invadir competencias de Estados soberanos, del Banco Mundial (BM), de las agencias de las Naciones Unidas, etc. Además, como veremos, posee mecanismos de presión como el condicionamiento de los fondos19" lo que implica predicar el catecismo de la austeridad, la estabilidad y la seguridad del tráfico mercantil derrotando con ello la salud, la educación, la nutrición, etc.

En Nicaragua, el FMI ejecutó un tercer Programa, fue un nuevo acuerdo, bajo el Servicio ESAF, alcanzado en Marzo de 1998, con vigencia hasta Marzo de 2002; posteriormente se llevó a cabo el cuarto Programa de 3 años, que se extendería a 4, fue acordado en Diciembre de 2002, bajo el Servicio PRGF (Facilidad para la Reducción de la Pobreza y el Crecimiento) del FMI.

2.1.1 Políticas de Estabilización Económica.

Precisamente, para el Fondo Monetario Internacional el fomento de la estabilidad económica consiste, en cierta medida, en evitar crisis económicas y financieras. La estabilidad económica también implica evitar oscilaciones pronunciadas en la actividad económica, una inflación elevada y una excesiva volatilidad en los tipos de cambio y los mercados financieros.

Cualquiera de estas formas de inestabilidad puede agudizar la incertidumbre, desalentar la inversión, impedir el crecimiento económico y deteriorar el nivel de vida. También implica evitar oscilaciones pronunciadas en la actividad económica, una inflación elevada y una excesiva volatilidad en los tipos de cambio y los mercados financieros.

Es importante anotar que la aplicación de las teorías dictadas por el FMI socaban el proceso democrático mediante la imposición de las mismas, ya que rara vez se concede tiempo a los Estados para lograr un consenso amplio, entre las principales fuerzas políticas sociales y económicas del país.

Para obtener ayuda del FMI, figura entre una de sus condiciones que se permita a su misión de economistas realizar un estudio, sin embargo estos estudios no demuestran necesariamente las necesidades de los Estados, ni garantizan éxito en la aplicación de las políticas que dictan. Consideramos que esto es resultado de que éstos análisis son realizados por personas que permanecen en el Estado por periodos de tiempo muy cortos, no conocen, ni toman en cuenta aspectos particulares del país (que van desde los grupos étnicos hasta las características de gobernabilidad, pasando por historia política y de desarrollo social, entre otros factores, los que son de vital importancia para la sensata elaboración y por ende "éxito" en la aplicación de las Políticas Públicas).

Del mismo modo existen otras posiciones al respecto contrarias a las del FMI para las cuales la estabilidad económica consiste en sentar las bases de la estabilidad macroeconómica, poniendo énfasis en los instrumentos destinados a disminuir el gasto público y ampliar la recaudación.

Referente a la estabilización Gemma Cairó i Céspedes destaca cuatro grandes medidas de política económica cuyo último objetivo es corregir las distorsiones monetarias inducidas por las políticas económicas nacionales:

1- la devaluación de la moneda nacional pretende no solamente revertir el desequilibrio comercial con el exterior sino también atajar las presiones inflacionarias; 2- el aumento de las tasas de interés responden tanto al objetivo antiinflacionario –restricción del crédito interno- como a la necesaria atracción de capital internacional; 3- el desequilibrio fiscal requiere de la contracción del gasto público intentando así reducir el déficit público –por su presión sobre los precios y el consumo-; 4- por último, la necesaria contracción salarial remite a la concepción de la inflación de costes.

Tomando en cuenta las posturas existentes, surgidas del análisis sobre los efectos de las políticas de estabilización, Montes (1996), sostiene que: con el objetivo de corregir el desequilibrio en la balanza de pagos y las elevadas tasas de inflación, éstas medidas de carácter marcadamente monetaristas, promueven un clima económico depresivo favorable a la reestructuración económica, al saneamiento del tejido productivo y a la mejora de la competitividad de la economía global mediante constantes mejoras en la productividad, cambios que, a la vista de las políticas implementadas, se prefieren en una situación de estancamiento –depuración del aparato productivo- que no enmarcadas en un proceso de crecimiento y capitalización.

En materia presupuestaria, Karlos Pérez de Armiño expresa que: a fin de disminuir el déficit público, se actúa contundentemente para reducir el gasto público corriente sea éste de personal (mediante despidos y rebajas salariales), de funcionamiento (sanidad, educación…), subvenciones al consumo de bienes esenciales (pan, transporte colectivo…), o subvenciones de explotación a las empresas públicas. Y aunque no es en principio lo recomendado, también suele reducirse el gasto público en inversión para poder alcanzar los objetivos previstos por el FMI.

Marcos Chávez M sostiene que: en el monetarismo tradicional, una «economía cerrada», descansa en los principios «teóricos» de la economía neoclásica, que suponen que la inflación es un fenómeno esencialmente monetario. La terapia recetada para resolver los problemas es traumática. Primero se le aplica al paciente un programa de choque: el ajuste de los precios relativos por medio a la devaluación cambiaria, que normalmente generan inflación, recesión y desempleo.

Después se agregan las medidas estabilizadoras que buscan contener la demanda agregada (restricciones fiscal, monetaria y salarial). Esto permite reducir la inflación pos devaluatoria (previa liberación de los precios, excepto los salarios para que alcancen su nivel de mercado), ajustar las cuentas públicas y las cuentas externas, asegurar el pago del servicio de la deuda foránea, obtener nuevos créditos foráneos y recuperar la «confianza» de la «comunidad» mundial. A cambio, se profundiza el desplome de la inversión y la producción, la quiebra de empresas, el aumento del desempleo, la caída de los ingresos reales de la población, la contracción del gasto público.

Por desgracia, una vez que se reactiva la economía, reaparecen los desequilibrios que, al cabo, conducen a una nueva crisis. Por eso, tales programas han sido calificados como la «solución fácil» o «falsa».

En Nicaragua las políticas de estabilización económica, durante este periodo estuvieron dirigidas a la regulación del Gasto Público ya que tendía a dispararse por los niveles que estaba alcanzando el servicio de la deuda interna, esto como resultante, tanto del abuso de la emisión de títulos denominados CENIS por parte del Banco Central-con fines de esterilizar la emisión de córdobas a la que recurría para comprar divisas en los mercados de cambio con el propósito de acumular reservas internacionales-, como también de la emisión ilegal de CENIS para cubrir las brechas activos-pasivos de los bancos liquidados, en favor de los bancos que habían "adquirido" los bancos quebrados.

Según Adolfo Acevedo, la emisión de títulos valores llegó a representar el riesgo de una crisis cambiaria y financiera de grandes proporciones. A finales de 2001, el Banco Central de Nicaragua (BCN) había emitido títulos valores por unos $790 millones, mientras que sus reservas brutas eran de sólo $320 millones. La deuda de corto vencimiento representaba el 95% de las reservas. Al mismo tiempo, este sobreendeudamiento del BCN generó enormes presiones fiscales, en la medida en que el pago de la deuda fue asumido por el erario. El pago del servicio efectivo de la deuda interna se elevaría de un monto equivalente al 64% de los ingresos fiscales en 2003 a un 86% de estos ingresos en 2004.

Todo ello implicaba niveles de déficit fiscal que no podían ser financiados. Peor aún en el contexto de unos acuerdos con el FMI que usualmente ponen en primer plano la restricción fiscal, sin recurrir a tres medidas fundamentales de "ajuste fiscal": esto permitía efectuar reformas tributarias con el propósito de incrementar en unos 3 puntos del PIB la recaudación de impuestos, restringir severamente el crecimiento del gasto primario como proporción del PIB, y desviar el "alivio interino" del servicio de la deuda externa, obtenido gracias a la Iniciativa HIPC, hacia el pago de la deuda interna.

De hecho, éste servicio no podría cubrirse ni aún con éstas medidas, por lo cual el cumplimiento de las metas fiscales acordadas con el FMI implicaba destinar al pago del abultado servicio de la onerosa deuda interna los ingresos derivados de la privatización del paquete accionario estatal remanente en ENITEL, así como los ingresos de la subasta de los activos que se encontraban en poder de los bancos quebrados. De esta manera, asegurar a toda costa el pago del servicio de la deuda interna se convirtió en el corazón del nuevo Programa con el FMI "para la reducción de la pobreza".

2.1.2 Políticas de Ajustes Estructurales.

A través del Ajuste Estructural, los organismos internacionales y las potencias económicas, imponen sus políticas o recetas para el desarrollo, a los Estados con economías emergentes, bajo la pena, "amenaza (sugerencias)", de que si no son impulsadas, los países perderán competitividad. Para éste aspecto se implementan políticas con el objetivo de producir un impacto en la productividad, en el ámbito empresarial utilizando reformas destinadas a lograr la liberalización de la economía, estructura del comercio y su apertura, la desregulación del mercado de trabajo, etc. Es decir, las políticas recomendadas en el Consenso de Washington.

En lo referente a las políticas estructurales, mencionaremos tres medidas estándares que conforman el paquete fondomonetarista –y del Banco Mundial- con el fin de conseguir la óptima asignación de los recursos vía el libre mercado:

1. la liberalización comercial, mediante la progresiva reducción de las barreras proteccionistas; 2. la desregulación financiera y la eliminación de los controles de capitales ha sido otro de los pilares para favorecer la atracción de capitales extranjeros; 3. los procesos de privatización redundan en la afirmación de la bondad del mercado y en la ineficaz asignación y movilización de los recursos por parte del Estado.

El cambio estructural que conllevan todas éstas medidas, significa no solamente la adecuación de las economías en desarrollo a los requerimientos y vaivenes de la dinámica económica mundial, resultado del lineamiento de precios y tipos de interés internos con los existentes a escala internacional- sino también profundos cambios en la propiedad de los activos reales y financieros en términos público-privado y nacional-internacional, con el consiguiente efecto en la distribución del excedente tanto en el interior de estos países afectando a la distribución entre distintos grupos sociales- como a escala mundial alimentando las diferencias entre países.

El contenido de éstas reformas (apertura, privatizaciones, desregulación del sistema financiero, de los mercados de bienes y del régimen laboral) figuraba muchas veces como condición para el apoyo financiero que requirieron los países de la región.

De esta forma, las políticas del FMI se asientan en unos supuestos teóricos que, sirviendo de base ideológica para la intervención en los países en desarrollo, han mostrado su incapacidad para profundizar en las verdaderas causas de los desequilibrios y distorsiones existentes en estas economías, dificultando a su vez el reconocimiento de las profundas implicaciones de las medidas aplicadas.

El informe de Organización de Naciones Unidas sobre la situación social 2005 titulado El predicamento de la inequidad, sostiene que las reformas estructurales que países de América Latina y el Caribe aplicaron en las dos últimas décadas para acelerar el crecimiento económico, provocaron un aumento de la desigualdad social en la región y un mayor abismo entre las economías formal e informal.

"Lejos de dejar para mañana la adopción de las medidas correctivas inevitables, estos programas (los propugnados por el FMI) tratan de agruparlas desde un principio en un conjunto, lo más acabado posible para restablecer la confianza y crear las bases para el progreso futuro. (…) Estos (programas) buscan abreviar la fase más ruda del reajuste, aquella durante la cual hay que corregir los errores y las rigideces acumuladas en el pasado y en la que no se manifiestan aún los efectos positivos esperados" (Camdessus, 1991: p. 14).

Las políticas de ajuste estructural han barrido las estructuras económicas, políticas y sociales de los Estados nacionales. "Lo que ha resultado es un dualismo social en el que se muestra los altos niveles de desigualdad debido a una mala distribución de los beneficios de la riqueza, mientras que una minoría cuenta con todos los recursos, la mayoría vive en niveles inferiores a la línea de pobreza. Los organismos internacionales que formulan las políticas económicas y los gobernantes que las implementan son insensibles a las verdaderas causas de la pobreza y tienen una fe ciega en que las fuerzas del mercado y el tiempo son la verdadera solución. En otras palabras, diseñadores e implementadores de las políticas dejan que en las fuerzas del mercado se determine la construcción del tipo de sociedad"20.

A pesar de las diferentes posturas alrededor de los programas de Ajuste Estructural, instituciones internacionales como UNICEF o la OIT que, sin cuestionar la necesidad de las reformas estructurales y que éstas requieren asistencia técnica y financiera internacional, discrepan con el FMI y el Banco Mundial sobre los objetivos prioritarios y los medios a utilizar. Estas discrepancias no son un suceso actual, evidencia de ello, es que en 1987 UNICEF publicó un estudio titulado "Ajuste con Rostro Humano", con la intención de promover el crecimiento, protegiendo al vulnerable. En él, están contenidas las demoledoras críticas de esta institución, sobre los efectos negativos que los programas de ajuste estructural tienen sobre los más pobres,- mujeres, niños y ancianos -"el sector más débil".

Este estudio sostiene que: el ajuste no restablece el crecimiento, que es imprescindible incorporar la dimensión humana (protección de los más débiles, nutrición, salud) como un objetivo explícito del ajuste. Igualmente, se insiste en que el ajuste debe adaptarse a cada caso concreto, puesto que no existe una receta única, como habitualmente da a entender el FMI.

Con el objetivo de que nuestro país arribara al Punto de Culminación de la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados, tres administraciones públicas, desde 1990 hasta 2006, emprendieron reformas estructurales con el fin de potenciar el crecimiento económico sostenible generado por la empresa privada, de las cuales se destacan las siguientes en el período 2002-2006:

• Aprobación de la reforma tributaria en la "Ley de Equidad Fiscal" en mayo de 2003.

• Aprobación de la Ley de Fondo de Garantía de los Depósitos (FOGADE) en 2002, para preservar la seguridad y confianza de los depositantes en las instituciones financieras.

• Liquidación del Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (BANIC) en agosto de 2002.

• Reforma del Código Penal en 2002, con el objetivo de tipificar delitos financieros.

• Reforma de la Ley de Fondo de Garantía de los Depósitos (FOGADE) en 2003, con el fin de centralizar la administración de la liquidación de activos, en el evento de intervenciones bancarias, en una nueva unidad del FOGADE.

• Completar en 2003 la venta de los activos de los bancos intervenidos y liquidados a finales de la década de lo noventa.

• Aprobación del nuevo Código Procesal Penal en 2002, que permitió contar con una nueva modalidad de juicios orales, más ágiles y eficientes.

• Aprobación de la Ley de Servicio Civil en diciembre de 2003.

• Aprobación de la Ley de Endeudamiento Externo e Interno del Sector Público en diciembre de 2003.

• Aprobación en lo general de la Ley de Creación de la Superintendencia de Servicios Públicos, con el fin de regular la prestación de servicios públicos básicos de energía, comunicación y agua (esta ley se encuentra suspendida en su aplicación) • Aprobación de la Ley del Sistema de Garantía de Depósitos, con el fin de garantizar la restitución de los depósitos de las personas naturales y jurídicas hasta por un monto de 10,000 dólares, incluyendo principal e intereses devengados. Posteriormente, esta ley se reformó estableciéndose que el porcentaje sobre la prima que pagarán cada una de las instituciones financieras será del 0.25% más un diferencial dentro del rango de 0% a 0.10% al nivel de riesgo de cada institución, determinado por la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras.

• Derogación de la Ley 314 y promulgación de la Ley de Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos Financieros.

• Reforma de la Ley de Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, con el fin de fortalecer su independencia y el marco legal para la supervisión consolidada y el mejoramiento de los procedimientos para la supervisión e intervención bancaria.

• Aprobación de la Ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario, con el objetivo de fortalecer el control interno del sector público y contribuir a la eficiencia, eficacia y transparencia en el uso de los recursos.

• Reforma de la Ley de Transferencias Presupuestarias a los Municipios de Nicaragua (Ley 466), estableciéndose que el porcentaje que el gobierno central deberá transferir a los municipios será de 6 por ciento en 2006 y a partir de 2007 se incrementará en un 1 por ciento hasta alcanzar el 10 por ciento de los ingresos tributarios en 2010.

• Aprobación de la Ley del Código Tributario, eje central del ordenamiento tributario y regula, de forma ordenada y coherente, las relaciones entre la administración tributaria y los contribuyentes.

• Promulgación de la ley que crea el Fondo Mantenimiento Vial (FOMAV).

• Aprobación de la Ley de Estabilidad Energética, que exonera de impuestos a los lubricantes y repuestos que utilizan las empresas generadoras de electricidad, regula el mercado de ocasión de energía hasta 2007, y crea el fondo de inversión energética de 26 dólares por MWH.

• Aprobación de la Ley de Carrera Judicial, que norma aspectos el ingreso a la carrera judicial, la formación del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, el régimen disciplinario y sus sanciones, y la finalización del mandato de los magistrados.

• Aprobación de la Ley Creadora del Instituto de la Propiedad Reformada Urbana y Rural (INPRUR), a la que le corresponde la atención y solución de los asuntos administrativos relacionados con la problemática de la propiedad urbana y rural (esta ley se encuentra suspendida en su aplicación).

• Aprobación de la Ley 517, que establece el uso de las utilidades de la empresa HIDROGESA. Posteriormente, dicha ley fue reformada, y con ello se asignó el 50 por ciento de las utilidades netas para la capitalización de la empresa, el 45 por ciento para capitalizar el fondo de apoyo a la producción agropecuaria no tradicional de exportación, 1 por ciento a la reforestación y preservación de la cuenca hidrográfica de las plantas Centroamérica y Santa Bárbara, y el 4 por ciento al desarrollo de proyectos productivos que realicen las alcaldías de los municipios de Jinotega y Ciudad Darío.

• Aprobación de la Ley para la Promoción de Generación Eléctrica con Fuentes Renovables, que establece incentivos fiscales, económicos y financieros a los proyectos que generen energía eléctrica utilizando fuentes renovables.

• Reforma de la Ley 467, relacionada con la promoción al subsector hidroeléctrico, que autoriza al MIFIC a otorgar permisos de aprovechamiento de agua para la generación de energía hidráulica, hasta un máximo de 30 megavatios.

• Sanción del reglamento de la Ley de Carrera Administrativa Municipal, que incluye aspectos relacionados con la provisión de los puestos de trabajo, la promoción interna de funcionarios y el establecimiento de la normativa relacionada con el sistema de capacitación municipal.

• Aprobación de la Ley de Catastro Nacional, con el fin de actualizar la base de datos, contribuir a la seguridad jurídica y a la justa y equitativa tributación sobre la tenencia de los bienes inmuebles.

• Aprobación de la Ley que da origen a la Superintendencia de Servicios Públicos (SISEP), como un órgano autónomo del estado con facultades de formación, regulación, supervisión, aplicación y control de cumplimiento de los servicios de telecomunicaciones, postales, agua potable y alcantarillado sanitario, y los servicios de energía eléctrica.

• Aprobación de la Ley Marco para la Estabilidad y Gobernabilidad del País, con la que se suspende la aplicación de la Ley de Reformas Parciales a la Constitución Política de la República de Nicaragua, la Ley de la Superintendencia de Servicios Públicos, la Ley Creadora del Instituto de la Propiedad Reformada Urbana y Rural y la Ley de Seguridad Social, hasta el 20 de enero de 2007.

• Reforma del Código Tributario, que destaca, entre otros aspectos, la prohibición de decomisar mercaderías sin autorización judicial, eliminar las multas dolarizadas y prohibir a la administración tributaria de cobrar y pedir garantías sobre montos a los contribuyentes que interponen recursos de reposición o que apelan las resoluciones del Fisco.

Finalmente, las reformas estructurales que se encuentran pendientes de aprobación desde 2006 y que serían presentadas a la Asamblea Nacional en 2007 para su implementación y asegurar las donaciones del Grupo de Apoyo Presupuestario que financian principalmente el gasto social, son las siguientes:

• Reformar el marco legal de los municipios para garantizar una descentralización efectiva con la transferencia plena de las responsabilidades del gobierno central a los gobiernos locales.

• Reformar la Ley de Estabilidad Energética para eliminar los controles sobre el mercado de ocasión de energía y del mercado de hidrocarburos.

• Reformar la Ley de Seguridad Social para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones.

• Aprobar la Ley de Responsabilidad Fiscal • Continuar implementando las reformas del sistema financiero nacional, fortalecer la autonomía del Banco Central de Nicaragua y la regulación de las microfinancieras.

2.2 Condicionamientos.

Para abordar este aspecto –condicionamiento-, dentro de la temática en estudio, es importante destacar que respecto a la labor realizada por Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) existen dos campos de acción la cooperación21 y la asistencia: de forma estricta el significado para este término consiste en la "acción de prestar socorro, acción o ayuda22", el FMI sujeto central de esta investigación cabe dentro este, segundo campo (asistencia).

Es en este sentido es que las (IFIs) obtienen recursos de los países miembros para ejecutar proyectos de desarrollo en los PED, prestar ayuda directa a sus balanzas de pagos -préstamos de ajuste estructural- y apoyar determinados programas presupuestarios de los receptores.

Respecto al Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) y bancos regionales de desarrollo: Banco Interamericano de Desarrollo, la mayor parte de los desembolsos no cuenta como AOD, puesto que los préstamos de los fondos señalados trae consigo condiciones.

Específicamente, la asistencia técnica del FMI es uno de los beneficios que reciben sus miembros y generalmente se ofrece sin cargo alguno a los países que la solicitan. Alrededor del 90% de la asistencia técnica del FMI va dirigida a países de ingreso bajo y mediano bajo, partiendo del supuesto que contribuye a crear una economía internacional más vigorosa y estable.

Según la perspectiva de esta institución, la asistencia técnica suministrada a economías emergentes e industrializadas en selectas áreas avanzadas ayuda a poner en práctica el asesoramiento de política económica que brinda y mantiene a la institución actualizada con respecto a las innovaciones y los riesgos de la economía internacional a la vez contribuye a desarrollar en los países las capacidades para formular políticas eficaces, incluido el apoyo que se brinda en la supervisión y operaciones de préstamo.

"El FMI presta asistencia técnica de diversos modos. Según sea la naturaleza de la asignación, con frecuencia el respaldo se presta a través de misiones de duración limitada integradas por personal técnico de la sede, o enviando expertos y/o asesores residentes por períodos que oscilan entre unas cuantas semanas y unos cuantos años. También se proporciona asistencia mediante informes técnicos y de diagnóstico, cursos de capacitación, seminarios, cursos prácticos y asesoramiento y respaldo en línea23".

El Fondo Monetario Internacional ha proporcionado asistencia técnica a Nicaragua en diversas materias: estadísticas, sistemas de pagos, supervisión y reestructuración bancaria, manejo del gasto público y de la política monetaria, administración impositiva y legislación económica, entre otras, encaminadas a ayudar a fortalecer su capacidad para diseñar e implementar programas destinados a fomentar el crecimiento y reducir la pobreza, y desde la iniciativa de los países pobres muy endeudados a emprender análisis de sostenibilidad de la deuda y poner en práctica los programas de reducción de la misma.

Para que Nicaragua reciba asistencia por parte del FMI, debe cumplir con uno de los requisitos, considerados de los más importantes, el cual es participar plenamente en todas las etapas del proceso, desde la identificación de las necesidades hasta la puesta en práctica, el seguimiento y la evaluación del programa.

Como uno de los tantos críticos podemos mencionar a Joseph Stiglitz, para él las misiones de economistas enviadas por el FMI, carecen de experiencia en los países y califica su tarea de imposible, ya que en un período de días o semanas no pueden desarrollar un programa coherente que refleje las necesidades del país.

Puede ser esta una de las razones por las cuales las medidas propuestas por el FMI carecen de éxito, en primera instancia las personas que realizan el estudio para la implementación de las políticas no toman en cuenta todos los elementos necesarios, pues consideramos que el desarrollo de un Estado esta dictado únicamente por el Mercado, existen otros elementos: culturales, sociales, étnicos, que ejercen su influencia en el devenir político y económico de los países y que deben ser tomados en cuenta y valorados según su importancia.

Por lo antes planteado se ha llegado ha sostener que estas misiones lejos de realizar estudios que evidencien las necesidades, son simplemente una ilusión para hacer pensar que se elaboran programas de acuerdo al contexto nicaragüense, cuando en realidad se aplica un modelo pre-elaborado y aplicado de forma general a todos los Estados. Lo anteriormente expuesto, resulta contradictorio con el denominado principio esencial de la participación necesaria del Estado en la asistencia técnica, esta es una de las razones por las que el FMI ha sido duramente criticado, ya que no existe nadie más capacitado, ni mejor informado sobre la situación de un Estado que sus propios habitantes.

En lo que respecta a la Asistencia Financiera el FMI suministra préstamos a los países afectados por problemas de balanza de pagos, esto les permite reconstituir sus reservas internacionales, estabilizar su moneda, seguir pagando sus importaciones y restablecer las condiciones para un firme crecimiento económico. "A diferencia de los bancos de desarrollo, el FMI no financia proyectos específicos24". Dado que el FMI también brinda la Asistencia Técnica éste concede préstamos con mayor flexibilidad a las políticas de ajuste y a las reformas que debe realizar el país para corregir el problema de su balanza de pagos.

El FMI ha creado varios instrumentos de crédito o servicios financieros según las circunstancias de sus países miembros, los de bajo ingreso pueden obtener préstamos a una tasa de interés concesionaria por medio del Servicio para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (SCLP), Nicaragua por ser un país en vías de desarrollo cabe dentro de este grupo.

Los programas respaldados por el SCLP están enmarcados por un documento integral y de inspiración nacional: el Documento de Estrategia de Lucha contra la Pobreza (DELP).

El FMI plantea que los DELP deben ser elaborados por los gobiernos con la participación activa de la sociedad civil y otros socios en el desarrollo. Posteriormente, son examinados por el Directorio Ejecutivo del FMI y el Banco Mundial y se utilizan como base para los préstamos y alivio de la deuda en virtud de la iniciativa conjunta Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados (PPME).

Nicaragua desde 1991, ha utilizado en cuatro ocasiones los recursos de la asistencia financiera del FMI para respaldar los programas económicos y financieros del gobierno.

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